La administración de Donald Trump ha adjudicado los primeros permisos de minería submarina de Estados Unidos en dos zonas del Pacífico situadas frente a Samoa Americana, pese a un fallo de un tribunal federal de Hawái que declaró ilegal el proceso de aprobación previo a la subasta. Las áreas concedidas suman aproximadamente 31 millones de acres, equivalentes a 12,5 millones de hectáreas, y fueron vendidas por un total de 6 millones de dólares.
Cada una de las dos zonas fue adjudicada por 3 millones de dólares, aunque no se divulgaron las identidades de los compradores. Los permisos permitirían explorar nódulos polimetálicos en el lecho marino, formaciones que contienen níquel, cobre y cobalto, materias primas empleadas, entre otros usos, en baterías y sistemas para vehículos eléctricos.
Fallo judicial previo a la adjudicación
Una jueza federal de Hawái, Jill Otake, falló a favor de grupos comunitarios y organizaciones conservacionistas al concluir que el Servicio Nacional de Pesquerías Marinas incumplió la Ley de Especies en Peligro de Extinción al autorizar la subasta. La jueza señaló que la agencia ni siquiera había intentado evaluar los posibles efectos de la actividad sobre especies protegidas por esa norma.
El secretario del Interior, Doug Burgum, defendió posteriormente la operación y la presentó como la primera subasta estadounidense de permisos para minerales críticos en alta mar en el Pacífico. Burgum sostuvo que las concesiones permitirían conocer mejor los recursos situados frente a Samoa Americana y determinar si podrían contribuir a una oferta interna más fiable.
La subasta se produjo después de la orden ejecutiva firmada por Trump en abril de 2025, que calificó el liderazgo estadounidense en ciencia y tecnología de aguas profundas como un interés central para la seguridad nacional y la economía. El proceso también respondió a una solicitud de Impossible Metals, una empresa estadounidense que pidió abrir la zona a la concesión de permisos.
Rechazo local y ambiental
Residentes y organizaciones ambientales han cuestionado la explotación minera en el área. Entre los riesgos señalados por los críticos figuran la dispersión de residuos sobre la vida marina y el efecto del ruido de maquinaria pesada sobre las migraciones de distintas especies.
Julia Singer, responsable de campañas de defensa de Oceana, advirtió que avanzar con la explotación sin conocer plenamente la importancia de los ecosistemas de aguas profundas podría tener consecuencias catastróficas durante generaciones. Samoa Americana prohibió la minería submarina en sus propias aguas territoriales en 2024, aunque las áreas subastadas pertenecen a la plataforma continental exterior bajo control federal y se encuentran fuera de ese límite.
El gobernador Pulaali’i Nikolao Pula declaró en septiembre que no apoyaba la extracción comercial de minerales submarinos “en este momento”. Las zonas concedidas se encuentran próximas al santuario marino de Rose Atoll, hábitat de especies amenazadas o en peligro, entre ellas ballenas, tortugas, tiburones y corales.
Chris Eaton, abogado de Earthjustice, calificó de ilegal la decisión de continuar con la subasta tras el fallo judicial y señaló que la organización utilizará todos los recursos legales disponibles para intentar anular los permisos.
Fuente: Euronews
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